Economista. Maestra en Docencia Económica. Doctora en Ciencias Económicas.
¡En busca del tiempo perdido!
El gobierno de Claudia Sheinbaum dio a conocer la semana pasada el “Plan México”, en el que se establece elevar la proporción de inversión productiva a un 25% del PIB, y se establecen 12 acciones concretas, entre las que se encuentran:
En consonancia con ello, el 21 de enero de este 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el primer decreto por el que se otorgan estímulos fiscales que buscan fomentar nuevas inversiones y programas de capacitación e innovación, además de impulsar a empresas mexicanas ¡independientemente de su tamaño!, para que se integren a las cadenas de valor, ello significa que podrán ser beneficiadas las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Dichos estímulos estarán vigentes hasta el 30 de septiembre de 2030.
Los estímulos buscan fomentar nuevas inversiones y programas de capacitación e innovación.
Con esta medida se busca favorecer la depreciación acelerada de inversión nueva en activos fijos (maquinaria, equipo de trabajo, edificios, terrenos etc.) para empresas extranjeras y mexicanas sin distinción, para cualquier sector de actividad industrial y sin importar el tamaño, y para aquellas empresas que promuevan el desarrollo de invenciones y patentes o certificaciones que posibiliten su integración a cadenas de proveedurías local/regional.
El monto de los apoyos no excederá los 30 mil millones de pesos, de los cuales 28 mil 500 millones son para estímulos fiscales en inversión de activos fijos, y 1 500 millones de pesos al estímulo fiscal de la deducción adicional de gastos de capacitación e innovación.
El monto de los apoyos no excederá los 30 mil millones de pesos
Las medidas buscan hacer de México un destino atractivo para la relocalización de empresas, ya que, hasta la fecha, la llegada de nuevas inversiones no se ha concretado, así, por ejemplo: al tercer trimestre del 2022, las nuevas inversiones acumuladas totalizaron 15 mil 279 millones de dólares, 3 mil 766 millones en 2023 y 2 mil 060 millones en 2024, mostrando una clara tendencia a la reducción, producto de:
Por lo pronto, este nuevo decreto abre una oportunidad para recuperar parte del terreno perdido, pues aún falta garantizar la seguridad en el abasto de agua potable, energía eléctrica, Estado de derecho y seguridad pública.